El diputado perredista José Alfonso Suárez del Real y Aguilera señaló que es una obligación fundamental de cualquier gobierno, en este caso el nuestro, atender las demandas sociales o los conflictos, pero no a través del uso de las instituciones dedicadas a la defensa nacional.
Luego que a principios de octubre, efectivos militares participaran en el desbloqueo de la carretera Alpuyeca-Jojutla, a la altura del poblado de Xoxocotla, los diputados federales discutieron y coincidieron en que el Ejército no fue diseñado para reprimir a la sociedad, sino para defender a la nación y no agredir al pueblo. Suárez del Real dijo que esta institución ha demostrado su altura cada vez que se desplaza para apoyar a los compatriotas en situaciones de desgracia, a través del Plan DNIII-E.
Por su parte, la diputada Aída Marina Arvizu Rivas (Alternativa) añadió que no se le pide que salga de Morelos, porque seguramente están haciendo actividades de combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada; lo único es exhortar al Ejecutivo a que no lo arriesgue, para que prospere el Acuerdo Nacional de Seguridad.
Además,
La diputada panista por Morelos, Adriana Rebeca Vieyra Olivares expresó que este conflicto magisterial “va más allá del tema de
Informó que el 28 de octubre pasado, la mayoría de los maestros optaron por el acuerdo y la negociación política tras la instalación de una mesa de diálogo para resolver el conflicto donde se dará “puntual respuesta a las demandad de los profesores”.
En tanto, la diputada Rosario Ignacia Ortiz Magallón (PRD) consideró que el exhorto permitirá avanzar en la solución del problema, pero no resuelve el punto central: “que es una alianza que no responde a las necesidades de la educación y de los maestros”.
La situación que prevalece en Morelos tiene que ser una medida fundamental para abrir el debate de lo que implica la educación en este país, aseguró.
Los conflictos no se resuelven con represión, sino con debate. “Morelos abre la posibilidad de tener una forma diferente de enfrentar los problemas educativos”.
El diputado Víctor Samuel Palma César (PRI) señaló que en el ejercicio de la política “no bastan buenos diseños o propósitos; se requiere tomar en consideración a los distintos sectores sociales.
“Ojalá sea un detonador de un diálogo que ha estado pendiente, de una afectación que a todos nos lastima, que a los morelenses nos deja preocupados por la suspensión de clases y por graves daños que han tenido el comercio y el turismo morelense”.
En el ejercicio de la política “no bastan buenos diseños o propósitos; se requiere tomar en consideración a los distintos sectores sociales”, señaló.
A su vez, la diputada Aleida Alavez Ruiz (PRD) dijo que la intervención militar en Morelos es síntoma del autoritarismo y representa la “criminalización” de la movilización social. “Ante la incapacidad gubernamental se echa adelante a los cuerpos represivos para mitigar las protestas”.
Mencionó que la intervención “dio como resultado más de 70 detenciones arbitrarias, de las cuales apenas a la mitad se les inició averiguación previa y hasta este momento la gran mayoría están en libertad, pues no tenían que ver con el movimiento magisterial”.
El diputado panista por Morelos Demetrio Román Isidoro informó que al día de hoy permanecen abiertas mil 38 escuelas donde los niños han continuado con sus estudios. Anunció que para el próximo lunes mil 500, de los mil 700 planteles que hay en el estado, podrán seguir con sus labores.
Por su parte, el diputado perredista por Morelos, Rafael Franco Melgarejo aseveró que el conflicto no lo generaron los profesores de Morelos, sino el Ejecutivo federal cuando avaló
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