La nueva alianza no concibe a la educación como un derecho fundamental sino como un bien rentable al que pueden acceder solamente los que cuentan con las posibilidades de formación y capacitación académica y los tengan recursos económicos. El tan manoseado federalismo educativo sigue excluyendo a los estados de las participaciones económicas y de la toma de decisiones verticales que son impuestas por la burocracia federal. Se habla de que esta alianza, fue producto de amplias consultas realizadas con padres de familia y maestros del SNTE, sin embargo, prevalece la misma tendencia que se inició desde 1992 con la firma del Acuerdo nacional para la modernización de la educación básica, que refuerza el enfoque educativo basado en competencias. La consulta realizada ignoró el pensamiento de los pueblos indígenas, los precursores del México moderno. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación las que vienen ahora a desplazar el sentido comunitario de la educación, su vinculación con su entorno enraizado en la cultura, la oralidad y las prácticas productivas y rituales.
Sobre la modernización de los centros escolares, parten de una premisa falsa; las autoridades creen que en las diferentes regiones de nuestro país, la escuela es una institución arraigada, que ha sido apropiada por la comunidad, por ello sólo se proponen mejorar las condiciones de aprendizaje de los alumnos con una mejor infraestructura. La realidad es que la escuela sigue estando ausente de muchas comunidades indígenas y muchos niños siguen aprendiendo sus primeras letras en los surcos o pastoreando sus chivos. Para los padres de familia, que se encuentran en los índices más bajos de desarrollo humano, la escuela no aparece en su horizonte de vida como un bien que genere desarrollo, por el contrario, es una carga onerosa que no ofrece ningún mejoramiento en la calidad de vida. La escuela llegó para blanquear culturalmente a los pueblos, para remarcar el estigma de la indianidad y ahondar la brecha de la desigualdad.
En esta Alianza Lo que más importa es que llegue la tecnología a través de alguna computadora, sin tomar en cuenta que el servicio de energía eléctrica en La Montaña es caro y deficiente. Es muy común que en la temporada de lluvias, después de las cuatro de la tarde, las comunidades indígenas se queden en las tinieblas, porque las malas instalaciones realizadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no ofrece ninguna garantía para que este servicio sea permanente y de calidad.
¿En los municipios más pobres habrá más infraestructura y equipamiento en los centros educativos, cuándo las mismas autoridades propician el desarraigo y la exclusión con políticas públicas meramente asistencialistas? ¿Hasta dónde estarán dispuestas las autoridades educativas para invertir en la creación de escuelas completas entre las poblaciones indígenas y dejar de discriminarlos con escuelas unitarias y multigrados? ¿Será posible incorporar a los niños en el uso de tecnologías de la información sin atender sus necesidades básicas y sin respetar su cosmovisión, su lengua y su sentido comunitario?
Con escuela o sin escuela, los niños se han visto obligados a insertarse al mercado laboral, no se les da la oportunidad para que puedan disfrutar su infancia en sus comunidades. El olvido y la discriminación de los gobiernos han propiciado el trabajo infantil y un proceso de deshumanización que los transforma en parias del capital. ¿Cómo se propone abordar esta Alianza por la calidad educativa, el problema cada vez más complejo y que va en aumento, de los niños indígenas que tiene que trabajar fuera de sus comunidades para no morirse de hambre?
En el eje de modernización de los centros escolares se habla de la gestión y participación social que tiene como fin involucrar a las comunidades educativas en el mejoramiento de estos centros escolares. Esto suena paradójico cuando constatamos que de manera sistemática se excluye a los padres de familia cuando toman en serio su papel de actores en el diseño de las políticas educativas y gestores para el mejoramiento de sus escuelas. La voz de los padres de familia es incómoda para las autoridades educativas cuando reclaman atención y solución a sus demandas. Hay poca receptividad y sobre todo insensibilidad para escuchar los planteamientos de la población indígena. Hay intolerancia, descalificación y desprecio cuando se cuestiona los actos de la autoridad y se les presiona a través de la protesta social, para hacer visibles los problemas relacionados con la educación.
Sobre la profesionalización de los maestros y de las autoridades educativas se habla de que deben ser seleccionados adecuadamente y que estén debidamente formados, sólo por este medio podrán recibir estímulos o incentivos. Esta es la parte más sensible que desenmascara la estrategia privatizadora, de lo que para el gobierno es la calidad de la educación. Se busca estandarizar los sistemas de evaluación de los maestros a través de exámenes que les garanticen su certificación como profesionales de la educación. Las grandes desigualdades sociales que se expresan al interior del magisterio, con esta visión selectiva y elitista, se busca excluir a los maestros que no han tenido las mismas oportunidades para poder acceder a la educación superior.
El ingreso y la promoción para nuevas plazas de docentes se han implementado a través de un concurso nacional, que no es más que la expresión de una política privatizadora de la educación. Se coloca al docente como una mercancía que tiene que pasar por una certificación para que forme parte de la nueva élite educativa. Los incentivos y estímulos para los maestros son un claro ejemplo de la lucha individual por la sobrevivencia. El tema de la calidad y la certificación está dentro de la lógica empresarial, donde el ideal educativo se expresa en la eficiencia y la productividad. La misma evaluación de los maestros es más una rendición de cuentas exigida de manera unilateral, que busca impulsar la movilidad de la fuerza de trabajo en el mercado laboral.
Este modelo que quiere implantar la Alianza por la calidad de la educación ahonda más la desigualdad social y crea un sistema jerárquico de maestros de primera y de segunda. Aparecen también las escuelas de calidad o las superescuelas, en contraposición con los cobertizos escolares, que no tienen futuro, porque no son funcionales al modelo privatizador de la educación.
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